Con los cambios constitucionales, los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías; también para el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
Para las autoridades electorales, el dictamen precisa que no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal los consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.
En el tercero transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento.
En la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió que la reforma a la revocación de mandato confirma a este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como instrumento de control democrático; “no es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder” por lo que, sostuvo, con esta reforma “el mandato deja de ser inmutable” para estar sujeto al escrutinio de la gente.
