La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo estatal y la máxima casa de estudios para la implementación del Plan Integral de Seguridad Universitaria. En este contexto, la mandataria estatal, al dest
El Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar efectuó una supervisión de la quinta fase de trabajos de exhumación en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, donde mantuvo diálogo con colectivos de búsqueda de personas presentes en la diligencia judicial.
Como parte de la glosa del Primer Informe de la gobernadora Margarita González Saravia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, compareció ante diputadas y diputados de la LVI Legislatura para informar sobre los avances de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, la cual está alineada con la establecida por el Gobierno de México.
La presidenta ha enviado un mensaje político de gran calado: cuando una ruta legislativa encuentra obstáculos, el proyecto no se detiene, se reorganiza. El nuevo Plan B de reforma electoral no debe leerse como una concesión, sino como una expresión de capacidad de ajuste, inteligencia política y vocación de continuidad. En un país donde la confianza en las instituciones se construye con hechos, no con discursos, la señal es clara: gobernar también es saber corregir sin renunciar al rumbo.
#EnLaOpiniónDe Jorge Argüelles Victorero.- La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum se perfila indudablemente como un avance en la democracia mexicana porque combina la reducción de costos del sistema con cambios orientados a mejorar la representación y la participación ciudadana, dentro de un proceso que está siendo disputado y negociado hacia dentro de la propia coalición gobernante.
#EnLaOpiniónDe Jorge Argüelles Victorero.- La incorporación de los jueces sin rostro al nuevo sistema judicial mexicano abre un debate incómodo pero ineludible: cómo proteger a quienes imparten justicia sin vaciar de contenido las garantías de quienes la reciben. En un país asediado por el crimen organizado, el anonimato de los juzgadores promete seguridad, pero también tensiona la publicidad de los juicios, el derecho de defensa y la confianza en la imparcialidad de los tribunales. El verdadero desafío será decidir, con evidencia, expertos y tiempo, si esta figura puede acotarse como herramienta excepcional o si, por el contrario, nos encamina a una justicia opaca, vulnerable a la corrupción y, en última instancia, injusta.
