#EnLaOpiniónDe Jessica Ortega.- El 25 de noviembre surge tras el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas, tres activistas dominicanas que enfrentaron la dictadura de Rafael Trujillo y fueron asesinadas por desafiar al poder. Su lucha convirtió la resistencia en memoria permanente contra la violencia hacia las mujeres y dio origen a esta fecha impulsada por ONU Mujeres y colectivas feministas en todo el mundo.
Este día nació para visibilizar la violencia patriarcal que nos atraviesa. En México más de diez mujeres mueren cada día por razones de género. Siete de cada diez ha vivido violencia a lo largo de su vida y cuatro de cada diez sufre agresiones dentro de relaciones de pareja. Además, cientos de niñas y adolescentes enfrentan abusos sin protección del Estado. Cada feminicidio representa la expresión más extrema de esta realidad, aunque también resultan profundamente dolorosas las violencias cotidianas que permanecen normalizadas.
Morelos se ubica entre los primeros lugares nacionales en feminicidio y desde hace una década mantiene ocho municipios bajo Alerta de Violencia de Género sin resultados visibles. Las denuncias de mujeres no reciben una respuesta oportuna. Los expedientes se prolongan años sin resolución. La falta de sanciones para agresores sexuales, violentadores y feminicidas perpetúa la impunidad. Además, el registro de deudores alimentarios permanece sin nombres. Los procesos judiciales carecen de perspectiva de género y muchas víctimas enfrentan interrogatorios que cuestionan su testimonio en lugar de proteger su integridad.
Aunque hoy Morelos cuenta con una mujer gobernadora, un gabinete paritario y mayor representación femenina en el servicio público, estos avances resultan insuficientes mientras la violencia estructural permanezca intacta. La presencia de mujeres en espacios de decisión exige acciones firmes, sensibilidad institucional y voluntad política para garantizar atención inmediata ante cualquier riesgo. Resulta urgente capacitar a ministerios públicos, Fiscalía, jueces y cuerpos de seguridad para evitar la revictimización y garantizar acceso efectivo a la justicia desde el primer momento.
Los ayuntamientos tienen la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. A diez años de haberse declarado la AVG en ocho municipios, y para dar cumplimiento a las acciones señaladas por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE), es urgente que cada administración municipal asigne presupuesto específico y establezca mecanismos efectivos que garanticen protección, sanción y acompañamiento a las víctimas. Es inadmisible que, mientras se destinan recursos públicos a espectáculos misóginos, persista la omisión institucional cuando se trata de proteger la vida y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres
El feminismo parte de una convicción esencial: las mujeres somos sujetas de derechos y decisiones. No representamos un papel asignado ni una extensión de otro. Esta certeza obliga a cuestionar el sistema que sostiene la desigualdad y demanda igualdad de condiciones, no concesiones.
Incorporar la perspectiva de género en cada política pública constituye una obligación ética y jurídica del Estado. Se requiere transformar las estructuras que permitieron que la violencia existiera y perdurara, no limitarse a contener sus efectos.
Erradicar la violencia significa saldar la deuda histórica con más de la mitad de la población. Una sociedad justa nace cuando todas las niñas, adolescentes y mujeres vivamos libres, seguras y en paz. No daremos ni un paso atrás en nuestra lucha ni en los derechos conquistados por ti, por mí, por todas.
Opinión de Jessica Ortega
Coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano Morelos
