En una democracia que aspira a transformarse desde sus raíces, la violencia nunca puede verse como un triunfo.
#EnLaOpiniónDe Jorge Argüelles Victorero .- En una democracia que aspira a transformarse desde sus raíces, la violencia nunca puede verse como un triunfo. No sólo porque deja heridos o daños visibles, sino porque corroe aquello que da sentido a la vida pública: la posibilidad de convivir, disentir y construir futuro sin que el otro se convierta automáticamente en enemigo. Este principio ha sido bandera de la Cuarta Transformación, que desde su origen ha insistido en la dignidad, la justicia y la paz como ejes rectores del cambio.
La marcha del 15 de noviembre nació con un propósito legítimo: expresar preocupación y hartazgo ante un clima de violencia que lleva años lastimando al país. Sin embargo, ciertos episodios terminaron revelando algo que no podemos ignorar: la violencia se está normalizando en la vida pública, y esa normalización no distingue colores. Hay quienes rompen vallas y buscan provocar a la autoridad, y también hubo momentos en los que la respuesta policial pareció rebasar lo estrictamente necesario. Negarlo no ayuda; exagerarlo tampoco.
Es inevitable que, frente a estos hechos, surjan dos relatos en disputa. Pero cuando la conversación pública se reduce a buscar culpables, olvidamos el fondo del asunto: México vive una crisis de violencia estructural que no empezó en este sexenio pero que se está haciendo todo lo posible por cambiar. Y nosotros queremos resolver esto, no pensamos ir heredándolo.
Repetir que “la violencia no debe tener espacio en democracia” puede parecer obvio, pero en los tiempos actuales hasta casi suena subversivo. Porque aceptar la violencia incluso como lenguaje político implica renunciar al proyecto humanista que defendemos quienes simpatizamos con la 4T. Significa dejar a un lado la razón, el diálogo y la construcción colectiva, y caer en la lógica de que sólo la fuerza decide. Ese no es ni debe ser el camino del movimiento que ha puesto en el centro la vida y la paz.
La experiencia del 15 de noviembre, hay que decirlo, también mostró algo más: que muchas personas marcharon de manera pacífica, pero unos minutos de tensión bastaron para que la atención mediática se enfocara únicamente en los enfrentamientos. Se perdieron de vista las causas, se borró el contexto, y el debate volvió a girar en torno a quién provocó primero. Hoy es claro que un grupo empezó los disturbios, quién sabe con qué intereses; como también es probable que algunos elementos policiacos no aplicaran los protocolos de manera estricta, y al respecto el gobierno de la CDMX, ha empezado a tomar cartas en el asunto. En ambos casos, conviene dar el beneficio de la duda, investigar con seriedad y evitar conclusiones que alimenten el fuego de la polarización. Y aquí cabe una reflexión respetuosa: si la presidente desde hace años pidió se investigara al bloque negro, qué pasa con las personas responsables de hacerlo, no solo están desacatando una instrucción, pienso que no están entendiendo la importancia de esta.
Lo digo porque México atraviesa momentos difíciles y sería un error minimizarlo. Hay enojo social acumulado, inseguridad, impunidad criminal, instituciones debilitadas por décadas de abandono, y una polarización que proviene tanto de sectores de oposición como de algunos simpatizantes del movimiento que no han sido lo suficientemente maduros para reconocer que estamos en ventaja política y moral, suficientes para escuchar sin perder lo que somos, al contrario. Reconocer esta complejidad no nos debilita como movimiento; por el contrario, nos fortalece, porque obliga a actuar con mayor claridad ética y política en pos del nuevo humanismo mexicano.
Al gobierno le corresponde -y estoy seguro de que existe la voluntad- garantizar el derecho a la protesta con transparencia, rendición de cuentas y protocolos estrictos que eviten abusos. También nos vendría bien comunicar más y mejor, porque al final, en honor a la verdad y a las leyes, es el Estado quien debe asegurar que la fuerza pública nunca sustituya al diálogo. Ese es el estándar que debemos tener de referencia para lograr una transformación profunda.
Pero la sociedad también tiene responsabilidades. Quienes marchan deben comprometerse con la no violencia, identificar y aislar a quienes intentan reventar protestas y evitar caer en provocaciones que sólo dañan causas legítimas. No es una concesión al poder; es una defensa de la legitimidad democrática y de la agenda social que México necesita. Pienso que, debajo de las etiquetas y de las diferencias políticas, hay un anhelo común: recuperar la tranquilidad y vivir sin miedo. Ese deseo está en las familias que se preocupan por sus hijos, en los jóvenes que no quieren heredar un país roto y en los policías que arriesgan la vida diariamente para pacificar al país. Y allí está el verdadero punto de encuentro.
La disyuntiva no es gobierno contra oposición, ni el movimiento contra críticos. Es violencia contra civilidad. Es no considerar la posibilidad de acuerdos. Elegir lo socialmente correcto hoy implica rechazar la violencia venga de donde venga, exigir responsabilidades en todos los niveles y recordar que la política -especialmente la que nace desde la esperanza de cambio- debe servir para que todos vivamos mejor, no para lastimarnos más.
POR: JORGE ARGÜELLES VICTORERO
COLABORADOR
@JORGEARGUELLESV
